El pasado Viernes 27 de Mayo, una representación de las organizaciones SISEJ (la delegada territorial en la Comunitat Valenciana) y CNSJ, mantuvimos un encuentro con el Director General de Justicia de esta Comunidad, Antonio Gastaldi, al que presentamos nuestras impresiones, resultado de conversaciones y encuentros previos entre representantes de las organizaciones de Secretarios Judiciales SISEJ, CNSJ y UPSJ. Algunas cuestiones quedaron pendientes de una respuesta concreta, manifestando el Director General que nos la facilitaría en su momento.

Y con ello quisimos trasladar a nuestra Administración autonómica todos aquellos problemas, preocupaciones o sugerencias relativos a nuestra actividad profesional, obtener información al respecto y conseguir, al menos, que se nos escuche, que sepan que formamos parte de un colectivo sensible a todos los problemas que afectan a la Administración de Justicia, y que además tenemos la fuerza necesaria para pedir de aquélla el compromiso, o, al menos, que se tenga en consideración nuestras reclamaciones e inquietudes.

La valoración sobre la reunión, en sí, es positiva por lo que se acaba de expresar, al suponer el inicio de un acercamiento de nuestras organizaciones profesionales con la Administración que gestiona nuestros medios materiales, de personal y, en gran medida, técnicos.

Sobre las respuestas de la Administración autonómica a determinadas cuestiones “vitales” para nuestro desarrollo profesional y nuestra configuración como directores procesalistas, también es fácil de hacer una rápida valoración: la nueva oficina judicial, y como se suele decir, ni está ni se le espera, y no solo se puede alegar cuestiones económicas o presupuestarias para dejar languidecer su implantación. En otras Comunidades Autónomas se están desarrollando actuaciones concretas dirigidas a su desarrollo (como en el País Vasco). A veces es cuestión de voluntad, o de vencer resistencias de otros estamentos, sin más, y como muestra un botón: los actuales Decanatos exentos de jurisdicción, podrían haberse constituido en Servicios Comunes Procesales Generales, desde la misma entrada en vigor de la Ley 10/2003, adaptados con sus correspondientes relaciones de puestos de trabajo, y con unos protocolos de funcionamiento que no necesitaban los cambios en las leyes procesales, por su actividad no jurisdiccional, y porque solo suponía adaptar a ese nuevo formato las actuales normas de funcionamiento interno con las que vienen funcionando desde su constitución.

Sobre otras cuestiones de diferente entidad, sí consideramos que puede tener una incidencia importante el déficit presupuestario de esta Comunidad, pero en momentos de crisis, la gestión ha de demostrarse impecable, de tal modo que compense los pocos medios, y eso en ocasiones no se refleja así. Tal vez sea un mal endémico de nuestra Administración, así en general, pero no por ello se debe dejar de exigir el que se aplique una real y eficaz gestión de medios.

Pero sobre todo, consideramos que no hemos de esperar siempre a los cambios legislativos o reglamentarios, para aspirar a tener una Administración de Justicia moderna y adaptada a los nuevos esquemas de funcionamiento de otras Administraciones, hemos de vencer esa inercia a funcionar con “lo de siempre”, y plantearse que se pueden introducir cambios en  la organización del trabajo en los órganos judiciales, a tener un soporte documental adecuado a su actividad, para lo cual hemos de exigir participar en las instancias u organismos que las elaboran, a saber gestionar nosotros con eficacia los medios que se nos ofrecen, y en suma a tener o exigir un margen de autonomía funcional para ir implantando esos cambios, ya. El objetivo, el de siempre, ofrecer al ciudadano y al profesional un verdadero servicio público, que es a lo que debe aspirar, siempre, nuestra Administración de Justicia.

En resumen, y sobre la reunión, quedaremos a la espera de la constitución del nuevo gabinete, y volveremos “a la carga”, esta vez con más exigencia, porque aspiramos también a resultados.