| Nota pública del SISEJ sobre el nombramiento de Secretario Coordinador de Valencia |
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| Lunes, 14 de Noviembre de 2011 09:00 | |||
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Con arreglo a la normativa vigente, el artículo 17 del Reglamento Orgánico de Secretarios Judiciales exige necesariamente el acuerdo entre Secretario de Gobierno y Comunidad Autónoma correspondientes para formular la propuesta de Secretario Coordinador. Una vez realizada dicha propuesta, habrá de ser posteriormente informada por el Consejo del Secretariado, y finalmente resuelta por el Ministerio de Justicia, que no podrá en ningún caso elegir Secretario Coordinador sin el previo acuerdo del Gobierno Autonómico. En este caso, sin embargo, no se ha producido dicho previo acuerdo por cuestiones estrictamente políticas que no podemos permitir que afecten a la constitución y normal funcionamiento de la estructura orgánica del Cuerpo de Secretarios Judiciales. Desde el Sindicato de Secretarios Judiciales, por tanto, queremos realizar las siguientes consideraciones:
2- El SISEJ tiene el convencimiento de que las presiones partidistas no deben afectar a la elección de un cargo como el de Secretario Coordinador, cuya naturaleza, pese a ser de libre designación, tiene un fuerte componente técnico y de gestión. El colectivo de secretarios judiciales debe saber esto.
3- Exigimos al Ministerio de Justicia que modifique urgentemente el Reglamento Orgánico de Secretarios Judiciales, proceso en el que se halla inmerso, para que, en defecto de previo acuerdo con la Comunidad Autónoma, establezca un mecanismo eficaz para el desbloqueo de situaciones como ésta, y que el nombramiento recaiga en el candidato más idóneo para ello, cualesquiera que sean las presiones políticas que eventualmente se pudieran o no haber recibido en uno u otro sentido.
Consideramos que deben ser los poderes públicos quienes decidan la libre elección de sus cargos, pero nos resulta inaceptable la falta de diálogo entre las partes y las presiones ejercidas en este asunto sobre el Secretario de Gobierno del TSJ de Valencia, que perjudican gravemente el prestigio de puestos de gran responsabilidad para la administración de justicia.
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