El próximo día 12 de diciembre de 2011 entra en vigor la importante reforma de la Ley 36/2011 reguladora de la jurisdicción social, el 1 de enero de 2012 la reforma de la Ley 38/2011 Concursal, así como el pasado 31 de octubre lo hizo la Ley 37/2011  de medidas de agilización procesal. Las reformas legislativas afectan en profundidad a la tramitación de los expedientes ante los órganos jurisdiccionales de los órdenes social en el primer caso, y mercantil en el segundo. Pese a ello, y pese a haber dispuesto de tiempo suficiente para ello desde la publicación de los respectivos cuerpos legales, el Departament de Justícia no ha actualizado el contenido la aplicación de tramitación con la que se realiza el trabajo diario en los distintos juzgados y tribunales, forzando a que sean los propios directores de cada oficina quienes elaboren apresurada e individualmente, y uno por uno, las decenas de modelos informáticos necesarios para poder trabajar a partir de las fechas indicadas.

A ello se viene a sumar la paralización de la puesta en marcha de la nueva aplicación de tramitación procesal, e-justícia.cat. Desde el Sindicato de Secretarios Judiciales consideramos una grave e irresponsable dejación de competencias en la gestión de medios materiales y técnicos que corresponden al Departament de Justícia con arreglo al actual marco competencial. Por ello hemos dirigido un escrito solicitando la información y adopción inmediata de las medidas oportunas.